La minería ilegal sigue causando un profundo impacto en la economía nacional. Según advirtió el ministro de Energía y Minas, Jorge Luis Montero, el Estado dejará de recaudar aproximadamente S/ 5,200 millones por concepto de Impuesto a la Renta este año debido a esta actividad ilícita; esta merma compromete directamente la provisión de bienes y servicios públicos, en especial para las poblaciones más vulnerables.
Durante una conferencia de prensa en Palacio de Gobierno, acompañado por la presidenta Dina Boluarte, Montero detalló que además de la pérdida tributaria general, el canon minero sufrirá un retroceso de S/ 2,600 millones, con severas consecuencias para varias regiones del país.
Entre las más afectadas se encuentran:
- Puno: S/ 460 millones en pérdidas
- Arequipa: S/ 450 millones
- Madre de Dios: S/ 240 millones
- La Libertad: S/ 215 millones
- Apurímac: S/ 213 millones
- Ayacucho: S/ 160 millones
“La minería ilegal no solo erosiona la recaudación fiscal, también impide el desarrollo, destruye ecosistemas y fomenta la inseguridad ciudadana”, subrayó el titular del MINEM.
Vulneración de derechos laborales
El ministro también denunció que los derechos de los trabajadores vinculados a la pequeña minería y minería artesanal han sido sistemáticamente vulnerados. Acusó a titulares de registros suspendidos o excluidos de manipular a los mineros para explotarlos sin condiciones adecuadas de salud y seguridad ocupacional.
“Esto no lo vamos a permitir más. Revisaremos las normas para garantizar que estos trabajadores puedan laborar con dignidad y sin ser utilizados por quienes dicen representarlos, pero solo los usan”, afirmó.
Reforma pendiente: nueva ley para pequeña minería
En otro momento, Montero anunció que en la próxima legislatura del Congreso se reanudará el debate de la nueva Ley de la Pequeña Minería y Minería Artesanal. Subrayó que esta normativa deberá enfocarse exclusivamente en regular la actividad formal, dejando de lado los procesos de formalización de registros suspendidos o informales.
“No es una ley para abrirle la puerta a economías ilegales. El país necesita una legislación que proteja a quienes sí cumplen con las normas, que respete los derechos laborales, cuide el medio ambiente y contribuya a la economía nacional”, puntualizó.
