Una jueza federal ha ordenado al gobierno de Donald Trump suspender de inmediato los arrestos migratorios indiscriminados en siete condados de California, incluyendo el de Los Ángeles, tras múltiples denuncias por detenciones basadas en perfil racial.
La decisión se da luego de que grupos defensores de los derechos de los inmigrantes presentaran una demanda alegando que las autoridades migratorias han estado deteniendo de forma sistemática a personas de piel morena durante operativos recientes en el sur del estado. Entre los demandantes figuran tres inmigrantes detenidos sin orden judicial y dos ciudadanos estadounidenses, uno de los cuales fue arrestado pese a identificarse plenamente ante los agentes.
La demanda, presentada ante la Corte del Distrito Central de California, denunció que los operativos violaban derechos constitucionales y se ejecutaban sin garantías legales. Además, se reportó que a varios detenidos se les negó el acceso a abogados, especialmente en un centro de detención ubicado en el centro de Los Ángeles.
La jueza Maame E. Frimpong dictó una orden de emergencia que impide temporalmente al gobierno continuar con esas prácticas mientras el caso se resuelve. En un fallo adicional, también prohibió expresamente que se restrinja el ingreso de abogados defensores a las instalaciones de detención.
Frimpong justificó su decisión señalando que existe una “montaña de evidencia” que respalda las acusaciones de violación de las enmiendas Cuarta y Quinta de la Constitución.
La Casa Blanca reaccionó con dureza. “Ningún juez federal tiene autoridad para definir la política migratoria del país. Esa función pertenece al Congreso y al presidente”, afirmó Abigail Jackson, vocera presidencial. La funcionaria calificó la decisión judicial como “un exceso grave” y adelantó que será apelada.
Mientras tanto, el temor sigue creciendo en comunidades latinas del sur de California, donde las redadas se han vuelto comunes en espacios públicos como estacionamientos, tiendas Home Depot, lavaderos de autos y mercados de pulgas. El despliegue de la Guardia Nacional y la Infantería de Marina ha intensificado el ambiente de tensión.
La orden judicial también incluye al condado de Ventura, donde el jueves se produjo una redada en una granja de cannabis que terminó con decenas de trabajadores detenidos y enfrentamientos entre manifestantes y agentes federales, dejando varios heridos.
Según la ACLU, los arrestos responden a una “cuota arbitraria” impuesta desde el gobierno federal, basada en estereotipos raciales. En el caso de los tres jornaleros demandantes, los únicos elementos que motivaron su detención fueron su apariencia latina y su vestimenta de trabajo.
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