La presidenta Dina Boluarte enfrenta críticas luego de su aumento de sueldo a más de S/ 35 mil y que se descubriera que cuenta con una tarjeta recargable de S/ 5 mil mensuales, financiada por Palacio de Gobierno para cubrir gastos de alimentación.
Tras la difusión de este dato, volvió a circular una entrevista realizada durante la campaña para las elecciones parlamentarias extraordinarias de 2020. En ese entonces, la ahora presidenta, que postulaba al Congreso con Perú Libre, expresaba posturas opuestas a los beneficios que hoy percibe. Criticaba el acceso de los congresistas a «privilegios» y argumentaba que dichos cargos no debían suponer trato preferencial con recursos pagados con impuestos ciudadanos.
En sus declaraciones de campaña, Boluarte aseguraba que no necesitaba vehículos oficiales ni escoltas policiales, y declaraba que los congresistas no debían tener ventajas sobre el resto de peruanos. Además, se comprometía a mantener una conducta austera y cuestionaba la existencia de “peruanos de segunda clase” por la diferencia de trato en cargos públicos.
“No necesito policías para que me protejan, no necesito que me pongan un carro para que me lleve con el impuesto del pueblo porque yo me puedo movilizar en el vehículo que tú usas, yo puedo manejar mi vehículo como lo que hago todos los días para irme a mi trabajo. ¿Los congresistas por qué tenemos que tener un privilegio por encima de los peruanos que caminamos a pie? Es un trabajo más, de mayor responsabilidad sí, pero eso no nos debe generar privilegios», decía.
Con su llegada a la presidencia tras la vacancia de Pedro Castillo, la mandataria ha accedido a beneficios no vigentes para anteriores presidentes. Según un reportaje difundido por el programa Punto Final, la tarjeta de consumo destinada para alimentos en Palacio de Gobierno había permanecido en desuso desde 2018. Ni Francisco Sagasti ni Martín Vizcarra reportan haber hecho uso de ese beneficio durante sus gestiones.
Además de la tarjeta de consumo, Boluarte percibe un salario superior al de anteriores presidentes, pasando de S/16.000 a S/35.568 mensuales. Se convierte así en la funcionaria mejor remunerada en el marco de la Ley Servir, en un contexto en el que mantiene solo un 3% de aprobación ciudadana y el país enfrenta niveles elevados de criminalidad organizada.
