El reciente aumento de sueldo presidencial en más del 100% provocó un amplio debate en el Congreso de la República del Perú. Tras la publicación en el diario oficial El Peruano, que oficializó el incremento de la remuneración de la presidenta Dina Boluarte de 15,600 soles a 35,568 soles mensuales, diferentes agrupaciones políticas y congresistas presentaron ocho proyectos de ley para dejar sin efecto la medida.
¿Qué bancadas y congresistas impulsan los proyectos para anular el alza salarial?
Las bancadas Bancada Socialista, Bloque Democrático Popular y Juntos por el Perú-Voces del Pueblo, junto con la congresista no agrupada Margot Palacios, lideran la presentación de estas iniciativas. Entre los proyectos destacan los de Silvana Robles, Sigrid Bazán, Jaime Quito, Édgard Reymundo, Alfredo Pariona, Guillermo Bermejo, Elías Varas y Margot Palacios.
Cada proyecto coincide en señalar que el aumento salarial presidencial contraviene la Ley 28212, que fija topes para la remuneración del jefe de Estado a un máximo de 10 Unidades Remunerativas del Sector Público (URSP), equivalentes a 26,000 soles mensuales para el año 2025. La norma oficializada superaría ese límite y, según los parlamentarios, carece de sustento legal y técnico.
¿Cuáles son los argumentos contra el aumento de sueldo presidencial?
Los principales argumentos expuestos en las iniciativas son los siguientes:
- El aumento se realizó sin transparencia y no existe evidencia técnica que lo justifique, según la congresista Ruth Luque.
- Se afirma que es una ofensa a la ciudadanía en un contexto donde más de nueve millones de peruanos viven en pobreza, según cifras del INEI.
- El decreto supremo ignora el límite legal de la Ley 28212, por lo que cualquier acto administrativo que supere el tope debe ser anulado de pleno derecho y genera responsabilidad administrativa.
- El sueldo aprobado para la presidenta (35,568 soles) excede el techo legal y no fue aprobado por el Congreso de la República ni está contemplado en la Ley de Presupuesto del Sector Público para 2025.
- Se critica que esta medida se adopte en medio de una baja aprobación ciudadana y una crisis económica.
