Política

JNJ inicia «procedimiento de ejecución forzosa» de restitución de Patricia Benavides como fiscal de la Nación

Consejeros señalaron que el incumplimiento del fallo de la JNJ por parte de Delia Espinoza "constituye una grave afectación al orden jurídico".

Los seis integrantes de la Junta Nacional de Justicia (JNJ) que decidieron, por unanimidad, la restitución de Patricia Benavides como fiscal de la Nación emitieron un pronunciamiento público en donde reiteraron que el acuerdo se adoptó con 6 votos y que la resolución fue firmada por el presidente del Pleno, Gino Ríos.

Además, en un video publicado en las redes sociales de la JNJ, manifestaron que, pese al mencionado fallo, Delia Espinoza, «en abierta desobediencia», no ha cumplido con reponer a Benavides ni siquiera como fiscal suprema, incurriendo en una «grave afectación al orden jurídico».

«Este incumplimiento constituye una grave afectación al orden jurídico. En un Estado de derecho, los funcionarios públicos están obligados a cumplir las decisiones emitidas por los órganos competentes mientras no sean legalmente revocadas. Las resoluciones de la JNJ, en tanto no sean anuladas por la vía correspondiente, tienen carácter vinculantes y deben ser cumplidas en sus propios términos», expresaron los consejeros en voz de Ríos.

Por ello, anunciaron el inicio de un «procedimiento de ejecución forzosa» de la resolución a favor de Patricia Benavides.

«La Junta Nacional de Justicia, en cumplimiento de su deber, ha iniciado el procedimiento de ejecución forzosa, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 205 del Texto Único Ordenado de la Ley del Procedimiento Administrativo General», informó Gino Ríos.

Finalmente, Ríos cuestionó las diligencias preliminares que ha iniciado Espinoza, con base en declaraciones de Francisco Távara, contra los integrantes de la JNJ que votaron a favor de Benavides, dado que no se les puede atribuir responsabilidad penal por el ejercicio legítimo de sus funciones.

«Como funcionarios públicos al servicio de la nación, exhortamos al respeto de la legalidad y al cumplimiento de las resoluciones adoptadas por esta institución en el marco de sus competencias constitucionales, a fin de que sean cumplidas en sus propios términos, a fin de no agravar la afectación a la institucionalidad del país», culminó.


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