El Séptimo Juzgado de Investigación Preparatoria de la Corte Superior Nacional retiró la restricción que impedía a Susana Villarán, exalcaldesa de Lima, brindar declaraciones a los medios de comunicación en el marco del proceso que enfrenta por el Caso Línea Amarilla.
Aunque el tribunal solo accedió a levantar una de las medidas a la investigada por delitos de colusión agravada y otros cargos en agravio del Estado, las demás vencerán el próximo 12 de julio. Es decir, desde esa fecha, quedan sin efecto:
- Comparecencia cada 15 días al registro de control biométrico,
- Prohibición de comunicarse de manera directa o indirecta con coimputados, testigos y peritos, recaído en el presente proceso
- Prohibición de ausentarse de su lugar de residencia; sin previa autorización judicial
- Obligación de presentarse ante la autoridad judicial y fiscal cuando se les requieran
De acuerdo con la tesis fiscal del equipo especial Lava Jato, Villarán habría pactado con directivos de OAS y Lamsac para favorecerlos con la adenda al contrato de concesión del proyecto Línea Amarilla en 2012. Esta acción habría permitido modificar las tarifas de peaje en 2013 a cambio de aportes económicos para la campaña de reelección de la entonces alcaldesa.
El inicio del juicio oral por los presuntos aportes ilícitos de Odebrecht y OAS está programado para el 23 de septiembre. La fiscalía solicita 29 años de prisión para Villarán, acusada de lavado de activos, asociación ilícita, colusión agravada, falsedad genérica y falsa declaración, al considerar que lideró una organización criminal que lavó más de 11 millones de dólares provenientes de estas empresas, así como de la firma peruana Graña y Montero, para financiar sus campañas políticas.
