La Comisión de Fiscalización del Congreso, presidida por Juan Burgos (Podemos Perú), aprobó, por mayoría, el informe final que concluye que no existen pruebas para confirmar la existencia de una red de prostitución en el Parlamento, pero sí señala la existencia de múltiples irregularidades en la contratación de personal, particularmente de mujeres.
El documento, aprobado con 7 votos a favor, 2 en contra y 3 abstenciones, es el resultado de la indagación de la denuncia que involucra a Jorge Torres Saravia, exjefe de la Oficina Legal y Constitucional del Poder Legislativo, en una presunta red de prostitución que operaba dentro del Parlamento, así como el caso de la trabajadora asesinada Andrea Vidal.
El texto concluye que, según lo investigado hasta la fecha, «no existen elementos fácticos ni jurídicos que acrediten actos de proxenetismo o favorecimiento a la prostitución» y que «no se ha evidenciado la existencia de una red de prostitución en el Congreso».
Sin embargo, remarca que «se ha evidenciado un festín en las contrataciones y permisos irregulares de personal, en especial el femenino, lo cual podría haberse materializado dentro un contexto sensual y sexista».
En cuanto al caso específico de Vidal, se indica que no se ha podido acreditar que ejerciera la prostitución, ni tampoco Isabel Cajo o Alejandra Gil.
