El viernes 13 de junio la Junta Nacional de Justicia (JNJ) dejó sin efecto la resolución que había destituido a la fiscal de la nación Patricia Benavides, ordenando su inmediata reposición en el cargo. Haciendo un poco de memoria, a Benavides se le había depuesto de su función en base a las declaraciones del pseudo colaborador eficaz Jaime Villanueva, quien sostuvo que Benavides se reunió clandestinamente con Dina Boluarte para intercambiar factores políticos – afirmación que no ha tenido prueba que la fundamente -. Igualmente, Villanueva también ha mencionado los oscuros manejos de Gustavo Gorriti y el IDL quienes habrían direccionado la investigación en el caso “cócteles” sin que ello haya significado alguna acción de la fiscalía, lo que demuestra la actual politización del Ministerio Público y el nada disimulado ensañamiento contra Benavides.
Sin perjuicio a ello, Delia Espinoza – actual fiscal de la nación – alegando un “golpe a la democracia” se ha atrincherado en sus oficinas impidiendo que se cumpla el mandato de la JNJ, lo cual la hace autora de los delitos de Usurpación de Autoridad y Resistencia a la Autoridad (artículos 361 y 368 del código penal respectivamente). Llama la atención que sus defensores sean el colega Cesar Azabache – cuya esposa es asesora de Delia Espinoza- y Raul Canelo, abogado que ha sido sancionado por la Comisión de Ética del Colegio de Abogados de Lima del cual él es Decano. Por si fuera poco, la fiscal Espinoza solicita la suspensión temporal contra Patricia Benavides a sabiendas (¿o no lo sabe?) que la doctrina establece que este tipo de pedidos sólo son procedentes en la etapa de investigación preparatoria. Tanta arbitrariedad en su accionar solo demuestran desesperación, desesperación que la puedan llevar no solo a perder el cargo de fiscal sino a ser procesada por su accionar doloso contra la administración de justicia.
Y mientras continúa la guerra en el Ministerio Público está pasando por agua tibia lo sucedido con el nuevo terminal del aeropuerto Jorge Chávez: falta de combustible, deficiente atención al público y vuelos postergados por falta de logística. Antes de la inauguración se publicito la llamada “marcha blanca” la cual servirá para poner a prueba el nuevo terminal, marcha que fue realizada solamente con seis operaciones (el 1% del total), en la que las principales aerolíneas que brindan los vuelos nacionales e internacionales no participaron, una marcha turbia por decir lo menos.
Resulta preocupante que a pesar de la recomendación de la Gerencia General de la compañía concesionaria que opera nuestro aeropuerto para operar con ambos terminales (uno para vuelos nacional y el nuevo para los internacionales), el Poder Ejecutivo por intermedio del MTC se ha negado a ello y está proyectando la creación de un centro comercial en el antiguo terminal.
Tenemos una gran demanda de vuelos nacionales e internacionales, entonces, habría que preguntarnos ¿cuál es el sentido de reducir la infraestructura del aeropuerto? ¿No es mejor conectar ambos terminales – como lo hacen en los mejores aeropuertos del mundo- y convertirnos en el paradero premium de sudamérica? ¿Cuál es el argumento del MTC para negarse a la propuesta de la concesionaria del aeropuerto? El Ministerio Público con sus guerras intestinas y MTC con sus decisiones sin sentido me obligan a parafrasear a Manuel Gonzalez Prada (1844-1918) y es que si apretamos correctamente encontraremos la pus que corroe a nuestras instituciones, caso contrario seguiremos a la deriva.
