Una oscura red de corrupción habría capturado el sector Salud en San Martín, según las revelaciones del exgerente general del Gobierno Regional, Robert Pinedo Angulo.
En una denuncia que sacudiría los cimientos del gobierno regional, Pinedo afirma haber recibido presiones directas para no fiscalizar determinados contratos millonarios, los cuales —si se comprueban las irregularidades señaladas— habrían estado direccionados. Mientras, Martín Morey, un empresario sin cargo público, operaría desde las sombras, segun afimra Pinedo, controlando adjudicaciones, impidiendo auditorías y facilitando la entrada de productos médicos posiblemente falsificados.
Pinedo elaboró en 2023 un informe interno de caracter administrativo que detalla una serie de situaciones que podrían constituir irregularidades dentro del Gobierno Regional, especialmente en la gestión administrativa del área de salud, en dicho documento señalaba entre otras irregularidades, pagos sin sustento, procesos sin firmas ni control, expedientes disciplinarios estancados y contrataciones de personal sin cumplir perfiles técnicos. La respuesta que recibió, según afirma, no fue una acción correctiva sino una advertencia para detener cualquier intento de auditoría.
Entre los casos más graves que se habrían detectado está el de Droguería e Importadora Medicons S.A.C., empresa sancionada en noviembre de 2022 por el Tribunal de Contrataciones del Estado por presentar documentación incompleta e incumplir con sus obligaciones, sin embargo, a pesar de estar impedida para contratar con el Estado durante tres meses, Medicons firmó y ejecutó contratos con el Gobierno Regional de San Martín en ese mismo periodo.
El informe recomienda iniciar un procedimiento de nulidad contractual y sancionar a quienes resulten responsables, dado que se pagaron fondos públicos a una empresa inhabilitada.
Pero el problema no se limita a la legalidad del contrato; informes posteriores de la Dirección Regional de Salud de San Martín evidenciarían que Medicons no habría cumplido con la entrega total de los productos pactados en al menos dos órdenes de compra, se identificó un faltante de más de 3,800 unidades médicas y lo más alarmante: algunos productos entregados eran presuntamente falsificados, entre ellos un lote de esparadrapos marca 3M que presentaba bordes irregulares, etiquetas mal adheridas y un envase diferente al original, características que harían sospechar de su autenticidad. El producto fue inmovilizado y se ordenó su análisis.
Detrás de Medicons aparece la figura de Martín Morey quien pese a no tener cargo público actuaría con pleno poder dentro de la administración regional, según algunos exfuncionarios. No es el único contrato que estaría vinculado a él, en marzo de 2023 el Gobierno Regional adjudicó más de 11 millones de soles al Consorcio Belaúnde Terry para servicios de limpieza y desinfección en hospitales; el consorcio está formado por dos empresas: una representada por el padre de Morey y otra por su cuñada. La licitación, además, fue otorgada a pesar de que no ofrecía la mejor propuesta económica ni técnica.
Estas versiones se suman a otras denuncias públicas. Percy Marín García, ex trabajador del hospital de Tarapoto y dirigente sindical, afirmó que dicha licitación habría sido direccionada, tras sus declaraciones, habría comenzado a recibir amenazas y hoy residiría fuera del país por temor a represalias.
La investigación fiscal contra Morey existe, pero no avanza, desde hace años hay carpetas abiertas sobre la constitución de empresas a su nombre y a nombre de terceros desde su etapa universitaria, presuntamente creadas para ganar licitaciones públicas en diversas regiones. Mientras tanto, el actual gobernador regional, en vez de aclarar públicamente las denuncias, habría optado por demandar a un periodista local que difundió parte de esta información. Si bien un fallo judicial le dio la razón al periodista, la autoridad apeló la decisión. Hasta el momento, las instancias encargadas de supervisar y fiscalizar no se han pronunciado de manera clara sobre este asunto.
Robert Pinedo ya no ocupa ningún cargo en el gobierno regional pero su informe sigue vigente como prueba de lo que ocurre en las sombras.
Sus advertencias no solo hablan de irregularidades, también retratan un sistema donde los intentos por transparentar la gestión pública se castigan, donde los contratos se reparten entre familiares, y donde la salud de miles de personas está siendo vulnerada para beneficio de unos pocos.
Robert Pinedo ya no forma parte de la administración regional, pero el informe que redactó continúa como documento de referencia. De comprobarse sus afirmaciones, estaríamos ante una estructura donde los intentos de fiscalización no solo serían desalentados, sino incluso castigados, donde donde los contratos se repartirán entre familiares y la salud de miles de personas estaría siendo vulnerada para beneficio de unos pocos.
