El Ejecutivo boliviano ha presentado una denuncia penal contra el expresidente Evo Morales, señalándolo por el presunto delito de terrorismo, junto a otros siete cargos. La acción legal surge tras la divulgación de un audio en el que se le atribuirían instrucciones para bloquear rutas con el fin de aislar la ciudad de La Paz.
El ministro de Justicia, César Siles, confirmó la denuncia e indicó que la misma está respaldada por fundamentos jurídicos sólidos.
“Entre los principales delitos señalados figuran terrorismo, instigación pública a delinquir y atentados contra la seguridad de los servicios públicos”, declaró el ministro ante los medios.
La acusación fue formalizada ante la Fiscalía General del Estado e incluye también cargos vinculados a la interrupción de procesos electorales, tal como lo contempla la Ley 026 de Régimen Electoral.
Dicha normativa prevé penas de entre dos y cinco años de prisión para quienes promuevan alteraciones del orden público o interfieran en el desarrollo de elecciones, referendos o revocatorias de mandato. También sanciona cualquier acción que impida el ejercicio de funciones de autoridades electorales.
Siles subrayó que la legislación protege el normal funcionamiento de las instituciones democráticas y advierte sobre consecuencias legales para quienes busquen impedirlo.
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