Mientras el país enfrenta las consecuencias ambientales, sociales y económicas de la minería ilegal, el Congreso parece decidido a premiar la informalidad, es así que la Comisión de Energía y Minas ha impulsado la creación del RENAPMAT (Registro Nacional de la Pequeña Minería, Minería Artesanal y Minería Tradicional), una suerte de «REINFO recargado», que lejos de solucionar el problema, lo institucionaliza.
Esta decisión, tomada a espaldas del Ministerio de Energía y Minas y de múltiples advertencias técnicas, representa un grave retroceso en la política minera del país. El RENAPMAT permitirá que todos los inscritos en el REINFO —incluso aquellos con registros suspendidos o que jamás avanzaron en su proceso de formalización— pasen automáticamente al nuevo padrón. En lugar de cerrar brechas, el Congreso opta por ampliarlas.
No se trata de ayudar a los pequeños mineros que realmente buscan formalizarse, se trata de dejar la puerta abierta a quienes han hecho del incumplimiento una estrategia de negocio. El nuevo registro no exige mayor cosa: solo DNI, RUC y coordenadas; sin estudios de impacto ambiental, sin verificación de operaciones, sin garantías. Es un cheque en blanco para que cualquiera alegue ser minero y reciba la bendición estatal.
Más preocupante aún es la introducción del concepto de “minería tradicional”, una categoría inexistente en el marco normativo actual, y cuya definición es tan ambigua como peligrosa, con ese nombre, se pretende legitimar cualquier operación que afirme tener “historia” en una zona, aunque nunca haya cumplido las reglas ni dejado de contaminar. Es una fórmula perfecta para blanquear actividades ilegales.
La Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía (SNMPE) ha sido clara: esta ley no solo vulnera los esfuerzos de formalización, sino que representa un riesgo enorme de institucionalizar la ilegalidad. Y tiene razón. Cada vez que el Congreso extiende plazos, crea nuevas figuras o suaviza requisitos, lo que hace es desalentar la formalidad real y premiar a los que operan al margen de la ley.
Perú necesita una política minera firme, coherente y técnica. No populismo legislativo. No más registros que perpetúan el caos. No más favores disfrazados de inclusión. Lo que está en juego es demasiado importante: el medio ambiente, la gobernabilidad en regiones mineras y la credibilidad del Estado.
El Congreso debe dejar de legislar con la calculadora electoral y empezar a asumir su responsabilidad histórica. Si de verdad quieren apoyar a los mineros artesanales y a pequeña escala, el camino es la transparencia, la fiscalización y el cumplimiento de normas, no nuevos parches que sólo sirven a los que nunca quisieron formalizarse.
