En un acto que raya en el descaro, el Congreso de la República aprobó el pasado 27 de mayo una modificación legal que obliga a los medios de comunicación a destinar el 10 % de su programación a contenidos sobre prevención de la violencia contra la mujer y la familia. Lo que podría haber sido un avance importante en la lucha contra esta problemática social se convierte, sin embargo, en una burla a la ciudadanía al provenir de una institución infestada de acusados de ejercer esa misma violencia.
Al menos cuatro congresistas tienen denuncias formales por violencia contra mujeres, y otros dos han protagonizado escándalos por declaraciones misóginas. Aun así, estos personajes no solo siguen en funciones, sino que se permiten legislar en nombre de una causa que ellos mismos traicionan con sus actos o palabras.
Hipocresía en estado puro
Uno de los casos más indignantes es el de Paul Silvio Gutiérrez Ticona, del Bloque Magisterial. Fue denunciado en 2018 por agredir física y psicológicamente a una mujer. La víctima relató golpes, empujones, amenazas e intentos de estrangulamiento. Su única defensa: “No me recuerdo”. Una respuesta tan lamentable como su permanencia en el Congreso.
Tampoco se queda atrás Eduardo Castillo Rivas, de Fuerza Popular, denunciado en 2023 por maltrato psicológico. La agraviada aseguró haber recibido mensajes degradantes e intimidantes. Aunque el caso fue archivado por tecnicismos, un juzgado llegó a dictar medidas de protección a su favor. Pero en el Congreso, el archivo de una denuncia parece bastar para lavar culpas.
Más grave aún es el caso de José Enrique Jerí Oré (Somos Perú), implicado en una investigación por presunta agresión sexual a una mujer inconsciente. Aunque el caso está en curso, el silencio del Congreso frente a la gravedad del hecho es ensordecedor. ¿Dónde está el principio de ejemplaridad?
Carlos Enrique Alva Rojas (Acción Popular) completa este vergonzoso cuarteto con una denuncia por golpear a una mujer operada del seno, incluso después de haberle provocado lesiones evidentes. ¿Alguien pidió su suspensión? ¿Renuncia? Nada. Aquí se protege más el escaño que la dignidad humana.
Sexismo impune y descarado
Si la violencia física y psicológica no bastara, otros congresistas han dejado claro su desprecio por las mujeres desde el micrófono. El impresentable Juan Carlos Lizarzaburu (APP) fue captado en plena sesión virtual haciendo comentarios sexistas sobre una colega: “Se ponen sostenes con relleno y Patty Juárez no es la excepción”. Suspendido por apenas 30 días, volvió al Congreso como si nada hubiera pasado.
Y Ernesto Bustamante (Fuerza Popular) decidió cuestionar públicamente la participación de mujeres en ciencia con una frase digna del siglo XIX: “No habría una condición biológica que incentive a la mujer a participar en ciencias exactas”. No hubo sanción alguna. Ni siquiera una disculpa decente.
Una farsa institucional
Esta no es una anécdota. Es una muestra grotesca de cómo el Congreso convierte una causa legítima —la lucha contra la violencia de género— en una cortina de humo. Mientras posan aprobando franjas educativas, mantienen en sus filas a agresores, machistas y encubridores. Y lo peor: lo hacen con total impunidad.
La violencia contra las mujeres no se combate con leyes redactadas por quienes la ejercen o la minimizan. Se combate con ejemplo, con ética y con sanciones reales. Pero en el Congreso peruano, eso parece ser lo único que está fuera del orden del día.
