No hay palabras suficientes para describir la indignación que provoca esta noticia: Sergio Tarache, el sujeto que quemó viva a su expareja Katherine Gómez en plena vía pública, recibió una condena reducida por parte del Poder Judicial peruano. Sí, leíste bien: reducida.
El crimen ocurrió en 2023, cuando este individuo, incapaz de aceptar que una mujer decidiera alejarse de él, la roció con combustible y le prendió fuego frente a testigos. Luego huyó como un cobarde a Colombia. Fue necesaria una alerta internacional y la intervención de Interpol para que, finalmente, fuera capturado en Bogotá y traído de vuelta al Perú para enfrentar a la justicia. Pero, ¿de qué justicia hablamos?
La Fiscalía solicitó 30 años y 6 meses de prisión por feminicidio agravado. ¿Qué hizo el Poder Judicial? Le dio 26 años. Como si quemar viva a una mujer no fuera uno de los crímenes más atroces e inhumanos que alguien pueda cometer.
Y como si eso no fuera suficiente ultraje, también le redujeron la reparación civil. De 500 mil soles, el tribunal decidió que “bastaba” con 350 mil. ¿El argumento? Que el monto debía “guardar proporción con el daño causado”, pero no con el delito. ¿Perdón? ¿Cómo se calcula el “daño” de arrebatarle brutalmente la vida a una joven de 18 años?
Para colmo, Tarache se atrevió a quejarse. Dijo que no estaba de acuerdo con pagar ese monto porque él, su familia y su abogada “están en peligro”. El asesino se declara víctima. Así estamos.
El rostro de la familia de Katherine lo dice todo: frustración, impotencia, rabia. Han pasado más de dos años y aún no hay paz ni justicia real. Lo que hay es un mensaje escalofriante de parte del sistema judicial: en el Perú, matar a una mujer puede tener descuento.
Este caso no puede pasar como una nota más. Tiene que marcar un antes y un después. Porque mientras los jueces siguen “ponderando” penas y reparaciones, las mujeres siguen siendo asesinadas y olvidadas.
