Economía

Consejo Fiscal alertó riesgos en la sostenibilidad fiscal del país para este 2025

Entre otros, demanda al gobierno se preserve la calificación crediticia del país, que podría verse afectada por un endeudamiento sostenido

El Consejo Fiscal (CF), en un reciente pronunciamiento, advirtió sobre los riesgos que enfrenta la sostenibilidad fiscal del país debido a la propuesta del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) de modificar nuevamente la regla de déficit fiscal para el 2025, elevándola de 2,2% a 2,8% del Producto Bruto Interno (PBI). Esta decisión, según la entidad, podría debilitar las finanzas públicas y comprometer la estabilidad macroeconómica en el mediano plazo.

El Consejo Fiscal señaló que esta nueva modificación, la tercera en tres años consecutivos, socava la predictibilidad de la política fiscal y expone al país a riesgos de sostenibilidad.

En 2023, el déficit fiscal alcanzó el 2,8% del PBI, superando el límite transitorio establecido de 2,4% del PBI, según el Decreto Legislativo N° 1276. En 2024, el déficit fiscal se situó en un 3,6% del PBI, excediendo en 0,8 puntos porcentuales la regla fiscal modificada de 2,8% y en 1,6 puntos porcentuales la regla inicial de 2%, constituyendo el mayor incumplimiento desde el año 2000.

El CF destacó que la deuda pública bruta total del sector público alcanzó los S/ 345.278 millones al cierre del tercer trimestre de 2024, equivalente al 33,1% del PBI. Esta deuda se compone de S/ 178.069 millones en endeudamiento interno (principalmente bonos del tesoro público por S/ 163.965 millones) y S/ 167.209 millones en endeudamiento externo, donde los bonos globales representan S/ 106.125 millones y los créditos de organismos internacionales, como el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional, suman S/ 42.217 millones. Además, empresas públicas no financieras, como Petroperú, contribuyen con S/ 21.133 millones, equivalente al 6,1% de la deuda total.

El organismo expresó su preocupación por el uso de la deuda, indicando que en 2024 el 89% de las emisiones de deuda se destinaron al pago de intereses y amortizaciones de compromisos previos, dejando solo un 11% para inversión pública. Esto contrasta con el 2019, cuando el 55% de las emisiones se dirigía a financiar gasto de capital, como infraestructura. En el primer trimestre de 2025, los pagos de intereses de la deuda ascendieron a S/ 6.800 millones, un nivel histórico que iguala el total pagado durante todo el 2019 (S/ 10.000 millones), reflejando un aumento significativo en el costo financiero, que en 2024 alcanzó los S/ 18.000 millones.

El Consejo también observó que la reducción del Fondo de Estabilización Fiscal, que pasó de representar el 2,3% del PBI en 2019 al 1,1% en 2024, limita la capacidad del gobierno para responder a emergencias económicas sin recurrir a más endeudamiento. Además, alertó sobre los altos niveles de endeudamiento de la Municipalidad Metropolitana de Lima, que podrían derivar en insolvencia o restricciones significativas en el gasto futuro, especialmente si se materializan contingencias adicionales por arbitrajes internacionales.

A pesar de estas preocupaciones, el CF reconoció que la recuperación económica en marcha y los precios récord de los minerales podrían impulsar un crecimiento significativo de los ingresos fiscales en 2025, según el Reporte de Inflación de junio de 2024 del Banco Central de Reserva del Perú (BCRP). Esto podría acercar el déficit fiscal a los niveles de la regla fiscal sin sacrificar el gasto previsto. Sin embargo, el organismo insistió en la necesidad de evitar ajustes fiscales que comprometan la reactivación económica y recomendó que cualquier modificación a las reglas fiscales cuente con su opinión previa no vinculante para garantizar la transparencia, conforme a la Ley N° 32089.

El Consejo Fiscal instó al MEF a priorizar la disciplina fiscal, optimizar el gasto público y evitar medidas que incrementen la carga de deuda, como el respaldo a gastos improductivos, destacando el caso de Petroperú. Asimismo, enfatizó la importancia de recuperar las fortalezas fiscales para mantener la confianza de los mercados y preservar la calificación crediticia del país, que podría verse afectada por un endeudamiento sostenido, según advertencias de las calificadoras de riesgo.