El Perú acaba de recibir un nuevo golpe económico desde el extranjero, el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI), órgano del Banco Mundial, ha corregido al alza el monto que el país deberá pagar a la empresa Enagás por la cancelación del Gasoducto Sur Peruano: de USD 194 millones se pasó a USD 302 millones, una diferencia de más de 100 millones de dólares que saldrá del bolsillo de todos los peruanos.
El fallo, emitido el 26 de mayo, responde a una solicitud de la propia Enagás para revisar el laudo arbitral dictado en diciembre pasado; el tribunal no solo aceptó los argumentos de la empresa, sino que le dio la razón con intereses, costas y un aumento considerable del monto final.
El precio de las malas decisiones políticas
Este resultado no es producto del azar, la raíz del problema se remonta a 2017, cuando el entonces presidente Pedro Pablo Kuczynski decidió cancelar de forma unilateral el contrato para la construcción del Gasoducto Sur Peruano, en medio del escándalo Odebrecht. En ese momento, el consorcio estaba integrado por la constructora brasileña, la peruana Graña y Montero, y Enagás, todas con el 25% de participación. El megaproyecto energético, valorado en más de USD 7.000 millones, fue archivado sin una estrategia clara para afrontar las consecuencias legales.
Hoy, ocho años después, el país empieza a pagar la factura.
Silencio oficial frente a un fallo lapidario
A pesar de la gravedad del fallo, el Gobierno peruano no ha emitido ningún pronunciamiento oficial. Mientras tanto, Enagás celebra el resultado y asegura estar dispuesta a buscar una “salida amistosa” para ejecutar la sentencia de manera “conveniente para ambas partes”. En realidad, el único beneficio claro por ahora es el que recibirá la empresa española.
La compañía también ha denunciado restricciones para repatriar sus utilidades desde el Perú —derivadas de su participación en Transportadora de Gas del Perú (TGP)—, argumentando que la aplicación de la Ley N.º 30737 viola tratados de protección de inversiones. Nuevamente, el tribunal internacional falló a su favor.
Un patrón preocupante
El caso de Enagás no es aislado. El Perú acumula varios frentes abiertos en tribunales internacionales por disputas contractuales mal manejadas. El caso Kuntur Wasi, por el aeropuerto de Chinchero, costó al país más de USD 91 millones. Otros procesos, como el de Metro de Lima Línea 2 o el de Brookfield Corporation, siguen su curso, con posibles nuevas indemnizaciones millonarias en el horizonte.
La falta de estrategia jurídica, la improvisación política y la debilidad institucional están pasando factura. Mientras los gobiernos cambian, los errores se acumulan y el Estado —es decir, todos los peruanos— termina pagando por decisiones tomadas sin planificación ni responsabilidad.
Si algo deja en claro este nuevo laudo es que Perú no solo está perdiendo arbitrajes: está perdiendo credibilidad.
