Mientras la actividad minera está oficialmente prohibida en toda la zona, la mina Santa María La Poderosa continúa operando sin restricciones, incluso después de las 6:00 p.m., hora en la que se impone el toque de queda para la población, la actividad minera no se detiene.
En este contexto, los únicos policías desplegados en la zona no están para proteger a la ciudadanía, sino para custodiar exclusivamente las instalaciones de esta empresa minera.
Un grupo de unidades especializadas de la Policía Nacional —entre ellas DIRINCRI, Trata de Personas, DIRILA, DICOCOR y DIRCOTE— ha sido destacado a Pataz, presuntamente para cumplir labores de seguridad pero fuentes en el lugar afirman que todos los efectivos permanecen dentro del campamento minero de La Poderosa, sin realizar patrullajes en beneficio de la población civil, que vive en zozobra constante por la violencia de la minería ilegal y el abandono estatal.
La situación se agrava tras la filtración de un documento oficial (COM/TELEF. Nº 613-2025-DIRNIC-PNP), emitido el 28 de mayo de 2025 por la Dirección de Investigación Criminal de la Policía Nacional del Perú. En él se ordena que todo efectivo comisionado que reciba alimentación y alojamiento de parte de empresas privadas —como La Poderosa— verá reducidos sus viáticos al 50%. Es decir, aunque estén expuestos a riesgos y cumplan funciones fuera de su residencia habitual, el Estado solo les reconocerá la mitad del pago por comisión, por considerar que ya están siendo «apoyados» por terceros.
Además, según denuncias recogidas en redes sociales y confirmadas por testimonios locales, al personal policial se le solicitó rehacer sus planillas de pago, a pesar de haber trabajado bajo la promesa de que recibirían el 100% del beneficio.
“Hicieron su planilla por el 100% del servicio y ahora les dicen que solo les pagarán el 50%. Es decir, les están pidiendo rehacer todo como si nada”, comentó un denunciante en condición de anonimato.
El periodista José Antonio Palacios Obregón difundió también esta denuncia a través de sus redes, afirmando que “la Mina Santa María La Poderosa da alojamiento y alimentación gratis a policías destacados en Pataz, y el comando solo les quiere pagar el 50% de la comisión”, generando indignación entre la población.
¿Quién se beneficia?
La medida parece beneficiar más a la minera que al Estado o a la ciudadanía, así con la excusa del apoyo logístico, La Poderosa logra tener seguridad estatal permanente dentro de su operación minera, mientras los efectivos policiales pierden parte de su justa remuneración. La directiva señala que “queda prohibida la doble percepción de viáticos”, sin abordar el hecho de que los policías siguen expuestos a los mismos riesgos y responsabilidades, más aún en un contexto de conflicto y crimen organizado.
¿Y la población?
Mientras tanto, la población de Pataz permanece en estado de emergencia. Se han denunciado múltiples casos de violencia, asesinatos, y amenazas vinculadas a mafias mineras ilegales pero los efectivos policiales, en lugar de proteger a los ciudadanos, son utilizados como fuerza privada al servicio de una empresa minera.
Este caso expone una preocupante relación entre entidades del Estado y empresas privadas en zonas de conflicto. Mientras la comunidad sigue desprotegida, la Policía Nacional cumple funciones que deberían corresponder a una empresa de seguridad privada. Y lo más grave: con respaldo y orden oficial.
La pregunta es clara: ¿Quién manda en Pataz: el Estado o La Poderosa?
