El Congreso aprobó una controvertida ley que reduce el Impuesto General a las Ventas (IGV) de 16% a 14% y eleva el Impuesto de Promoción Municipal (IPM), que forma parte del Fondo de Compensación Municipal (Foncomun), de 2% a 4% de manera gradual entre 2026 y 2029.
Esta medida, que entrará en vigor a partir del 1 de enero de 2026, generó fuertes críticas entre economistas por su impacto en las finanzas públicas y la sostenibilidad fiscal del país.
Según el texto aprobado, la reducción del IGV busca aliviar la carga tributaria sobre los consumidores, mientras que el incremento del IPM tiene como objetivo fortalecer los recursos de los gobiernos locales.
Sin embargo, expertos advierten que esta reforma carece de sustento técnico y podría comprometer la capacidad del próximo gobierno para financiar sectores clave como Salud, Educación e infraestructura.
El exministro de Economía y Finanzas, Waldo Mendoza, calificó la ley como “la más dañina de este siglo” en una publicación en X, advirtiendo que la reducción del IGV y el aumento del Foncomun generarán una pérdida anual de aproximadamente S/ 10.000 millones para fisco.
Mendoza instó al Poder Ejecutivo a observar la autógrafa de ley y presentar una demanda ante el Tribunal Constitucional, señalando que “ojalá se comporte con responsabilidad.
Por su parte, Luis Alberto Arias Minaya, exjefe de la SUNAT, señaló que la reforma no contó con la opinión del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) antes de su aprobación, lo que evidencia una falta de rigor técnico.
Según Arias, la disminución del IGV implicará una pérdida de ingresos equivalente a un punto porcentual del PBI, lo que se traduce en S/ 10.000 millones anuales. Además, destacó que el incremento del Foncomun no representa una modificación tributaria, sino un aumento del gasto público al transferir más recursos a los municipios, lo que reduce los ingresos del gobierno central.
El economista Eduardo Recoba, fue aún más contundente en X, al señalar que el Congreso “dio una estocada final a las finanzas públicas” con el dictamen aprobado. Según Recoba, la pérdida fiscal oscilará entre S/ 9.000 y S/ 11.000 millones, generando un “daño perpetuo” en sectores esenciales como Salud, Educación e infraestructura.
En su publicación, acompañada de una fotografía del MEF, Recoba calificó la decisión como un “presagio” de problemas fiscales futuros.
Otros especialistas, como Juan José Assereto, han cuestionado la efectividad de la reducción del IGV para incentivar la formalización o bajar los precios al consumidor. Assereto argumenta que los precios no necesariamente disminuyen con un IGV más bajo, ya que estos dependen de la demanda en el mercado. “En una economía de libre mercado, la tasa del IGV no determina el precio final si la demanda es alta”, afirmó.
El ministro de Economía y Finanzas, Raúl Pérez-Reyes, defendió ante la Asociación de Municipalidades del Perú (AMPE) los cambios en la ley del IGV.
Pérez-Reyes destacó el aumento gradual del Foncomun como una medida para fortalecer a los municipios, pero no abordó directamente el impacto de la pérdida de ingresos para el gobierno central.
La autógrafa de ley ha generado un debate sobre su constitucionalidad, ya que iniciativas de gasto público promovidas por el Congreso requieren un informe previo del MEF.
Arias Minaya señaló que es improbable que el Ejecutivo pueda plantear una acción de inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional, dado el respaldo político que la norma ha recibido.
La aprobación de esta reforma se da en un contexto de fragilidad económica, con una recaudación tributaria en caída y un déficit fiscal que alcanzó los S/ 9.429 millones entre enero y octubre de 2023, según el Banco Central de Reserva del Perú (BCRP).
Los economistas coinciden en que esta medida podría agravar la situación fiscal del país, limitando los recursos disponibles para el próximo gobierno y profundizando la crisis económica que enfrenta el Perú.
