La Defensoría del Pueblo, bajo la dirección de Josué Gutiérrez, presentó una demanda ante el Tribunal Constitucional (TC) con la finalidad de dejar sin efecto la reciente Ley N.° 32330, que permite procesar penalmente a adolescentes de 16 y 17 años como si fueran adultos. La institución también ha solicitado una medida cautelar urgente para detener la aplicación de la norma mientras se resuelve el fondo del caso.
El objetivo de esta acción, según explicó la entidad, es evitar daños irreparables a los derechos fundamentales de niños, niñas y adolescentes, al considerar que la ley contraviene tanto la Constitución como los tratados internacionales ratificados por el Perú.
Promulgada el pasado 11 de mayo, la norma modifica el Código Penal y el Código de Responsabilidad Penal de Adolescentes, permitiendo la imputación de menores de 18 años por delitos graves como homicidio calificado, extorsión, sicariato y violación sexual. Sin embargo, para la Defensoría, esta medida va en contra de instrumentos como la Convención sobre los Derechos del Niño y la Convención Americana sobre Derechos Humanos, compromisos firmes del Estado peruano en materia de protección infantil.
La demanda también subraya que dicha ley vulnera la Cuarta Disposición Final y Transitoria de la Constitución, la cual establece la supremacía de los tratados sobre derechos humanos en el ordenamiento jurídico nacional. Por tanto, consideran necesario que el TC revise su constitucionalidad.
Desde el ámbito internacional, el Comité de los Derechos del Niño de las Naciones Unidas también expresó su preocupación. A través de un comunicado, sus expertos reiteraron que los países signatarios de la Convención, como el Perú, deben priorizar mecanismos alternativos al sistema penal tradicional cuando se trata de menores, reservando la prisión solo como última opción. Además, el comité instó al fortalecimiento del sistema de justicia juvenil, con recursos adecuados y la creación de juzgados especializados, como parte de un enfoque centrado en la rehabilitación más que en el castigo.
Por su parte, el presidente del Congreso, Eduardo Salhuana, defendió la ley pese a reconocer que ha generado polémica. Afirmó que el Congreso responde a una realidad alarmante: “En regiones como La Libertad, varios de los crímenes con granadas y asesinatos por sicarios han sido ejecutados por jóvenes entre 16 y 17 años”. Agregó que, mientras el Tribunal Constitucional no declare lo contrario, la norma debe aplicarse en todo el territorio nacional.
