La tensión en torno a la actividad minera formal en el país se agudiza. El sábado 17 de mayo, comuneros de Fuerabamba, encabezados por el presidente comunal Edison Vargas Huamanga, atacaron con violencia las instalaciones de la minera Las Bambas, ubicada en el distrito de Chalhuahuacho, región Apurímac, dejando como saldo 38 agentes de seguridad con múltiples contusiones. Los heridos fueron trasladados al centro de salud más cercano.
Durante la jornada de violencia, los manifestantes también incendiaron al menos dos garitas de control del campamento minero. El día anterior, el 16 de mayo, aproximadamente 60 personas lideradas por Vargas Huamanga bloquearon el corredor vial sur, interrumpiendo el tránsito en el sector Yavi Yavi de la carretera nacional.
El ataque se produce cuando se cumplen 20 días desde el inicio del bloqueo de vías de acceso y salida a Las Bambas, iniciado el 28 de abril. En esa ocasión, los manifestantes arrojaron piedras contra vehículos de la empresa y sus contratistas, lesionando a siete agentes de seguridad y a un efectivo de la Policía Nacional.
Impacto económico local
Según fuentes cercanas a la compañía minera, el bloqueo ha paralizado la economía local de Chalhuahuacho, afectando a pequeños negocios como lavanderías, hospedajes y restaurantes, cuyos principales clientes son trabajadores y contratistas de Las Bambas.
“El consumo se ha inmovilizado y eso desacelera la producción. Hay empresas comunales de transporte con más de 30 camiones que no pueden operar. Es una cadena de afectación”, indicaron.
Además, los concentrados de cobre no están saliendo de la unidad minera, mientras que el ingreso de insumos como combustible también ha sido obstaculizado. Esta situación pone en riesgo la continuidad de las operaciones.
La paralización también repercute en la generación de regalías y canon minero para Chalhuahuacho, la provincia de Cotabambas, la región Apurímac y el país en general. Las Bambas representa el 1% del PBI nacional y el 75% del PBI de Apurímac.
Rechazo ciudadano y conflictos por tierras
El 15 y 16 de mayo, diversas asociaciones civiles y gremios locales de Chalhuahuacho realizaron marchas en rechazo al bloqueo, señalando los graves perjuicios económicos ocasionados por las acciones lideradas por Vargas Huamanga.
Este último alega un conflicto por 40 hectáreas del sector Tamboccasa, que asegura son tierras ancestrales de Fuerabamba. No obstante, según la minera, Tamboccasa pertenece al predio privado Chuicuni, propiedad de la familia Cruz Portocarrero, y no forma parte de los terrenos permutados con Fuerabamba.
Un informe técnico del Gobierno Regional de Apurímac, fechado el 14 de mayo, concluye que la comunidad de Fuerabamba permutó la totalidad de su territorio y no existen remanentes. En la misma línea, la Subprefectura Distrital de Chalhuahuacho informó oficialmente a Vargas Huamanga que la comunidad no tiene derechos sobre dichos terrenos, exhortándolo a cesar las acciones de fuerza.
Investigación por presunto lavado de activos
El conflicto se enmarca además en una investigación preliminar que la Fiscalía Especializada contra el Crimen Organizado de Abancay ha iniciado contra Edison Vargas Huamanga por presunto lavado de activos y fraude. El proceso está relacionado con el presunto desvío de US$19,8 millones entregados por Las Bambas como compensación a la comunidad de Fuerabamba.
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