El personero legal de la agrupación, Marco Zevallos, es investigado por la presunta presentación de más de 6.000 fichas de afiliación con firmas falsificadas ante el Jurado Nacional de Elecciones (JNE), como parte del proceso de inscripción del partido con miras a los comicios generales de 2026.
La fiscal Patricia Miranda Gamarra, de la Segunda Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Lima, lidera las diligencias en el marco de un presunto caso de falsificación de documentos y uso de información privada sin autorización. Según el Ministerio Público, se busca esclarecer si se cometieron delitos que perjudican directamente al Estado peruano.
La alerta surgió tras un reportaje del programa “Punto Final”, donde se expuso un presunto sistema de captación de datos personales del Reniec para llenar formularios de afiliación política. Un informante afirmó que se pagaban seis soles por cada ficha con datos completos, sin que los supuestos afiliados tuvieran conocimiento de ello.
El dominical accedió a más de 6.000 registros vinculados al partido, de los cuales al menos 4.000 aparecerían como afiliaciones fraudulentas. Incluso, tras contactar a un grupo de los ciudadanos enlistados, la mayoría negó haber firmado o autorizado su inscripción a la organización liderada por Miguel del Castillo.
Las denuncias también apuntan a locales en distritos como Jesús María y San Isidro, desde donde —según el testimonio del informante— se habrían coordinado las operaciones.
En respuesta, Primero La Gente negó categóricamente haber cometido irregularidades. A través de un comunicado difundido en redes sociales, aseguraron que su proceso de inscripción fue legítimo, acompañado de asesoría técnica, y validado por Reniec. Además, calificaron el reportaje como parte de una campaña para desprestigiarlos políticamente y ofrecieron facilidades para que cualquier ciudadano que desee desafiliarse pueda hacerlo.
El caso reabre el debate sobre los mecanismos de control en el sistema electoral peruano y la facilidad con la que se podrían vulnerar los derechos ciudadanos para obtener beneficios políticos.
