Con el respaldo de una abrumadora mayoría parlamentaria, el Congreso aprobó este 14 de mayo una modificación legal que permitirá la expulsión inmediata de ciudadanos extranjeros sorprendidos cometiendo delitos en territorio peruano.
La norma, que recibió 97 votos a favor, introduce un cambio en el Código Penal para que un juez pueda ordenar la deportación del detenido apenas se compruebe que fue capturado en flagrancia, es decir, mientras perpetraba el delito.
Deportación exprés sin necesidad de juicio
A partir de ahora, si un extranjero es detenido en el acto de cometer un crimen, podrá ser deportado en menos de 24 horas, durante la audiencia de control de detención o en un plazo inmediato posterior. Esta medida evita que los delincuentes extranjeros se queden en el país esperando un proceso largo, y busca reducir la reincidencia.
Además, quedarán prohibidos de regresar al Perú durante el tiempo que correspondería a la pena máxima del delito cometido, lo que puede llegar hasta los 25 años.
La decisión legislativa responde a una fuerte demanda de la población por mayor seguridad. Una encuesta realizada por CPI en conjunto con Exitosa reveló que el 95 % de los consultados apoya la expulsión inmediata de extranjeros que delinquen.
La ley también autoriza a las autoridades a confiscar los bienes del delincuente con el fin de reparar el daño causado a las víctimas. Esta compensación económica no prescribirá con el tiempo.
Cárcel para quienes regresen tras ser expulsados
El legislador Jorge Soto, promotor del proyecto, advirtió que si un extranjero deportado intenta volver al país, podría ser condenado a entre 6 y 10 años de prisión. “No podemos seguir siendo el único país de la región donde regresar después de una expulsión no tenía consecuencias”, expresó.
La norma contempla excepciones para proteger los derechos fundamentales. No se aplicará a menores de edad, personas que soliciten refugio o aquellos cuya expulsión ponga en riesgo su vida o integridad, conforme a los tratados internacionales suscritos por el Perú.
Al haber sido exonerada de segunda votación, la norma será enviada directamente al Ejecutivo para su promulgación. El gobierno de Dina Boluarte ha señalado que esta medida es parte de una estrategia más amplia para enfrentar la delincuencia extranjera y reforzar la seguridad nacional.
