El Gobierno de la presidenta Dina Boluarte publicó un decreto supremo este viernes que establece la suspensión por 30 días prorrogables a toda actividad minera, incluida la legal, en la provincia de Pataz, región La Libertad, tras el asesinato de 13 trabajadores mineros.
Asimismo, el dispositivo da inicio al toque de queda en Pataz, desde las 6 p.m. hasta las 6 a.m. También dispone que las Fuerzas Armadas asumen el control del orden interno en la zona con apoyo de la Policía Nacional.
Aunque, en un primer momento, el ministro de Energía y Minas, Jorge Montero, dijo que la minería formal no se vería afectada, luego cambió de opinión y afirmó que, en atención a consideraciones de orden superior y para garantizar la seguridad, se tiene que hacer un alto total a la actividad minera para devolver el orden, el Estado de derecho y la paz.
Montero también indicó que los mineros inscritos en el Reinfo que se encuentren en situación de suspendidos serán excluidos del proceso de formalización, al tiempo que anotó que se instalará una Mesa de Diálogo Multisectorial para el Desarrollo Sostenible de la provincia de Pataz.
En respuesta a la decisión del Ejecutivo, la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía (SNMPE) recordó que La Libertad aporta el 33% de la producción nacional de oro y que la medida generará perdidas para las mineras formales y comunidades que brindan servicios en la zona.
Sobre los recursos fiscales, se calcula una reducción de S/25 millones mensuales en canon y regalías, además de una pérdida superior a los US$ 80 millones al mes en exportaciones.
