En medio del prolongado debate sobre la masificación del gas natural, que culminó con la aprobación por insistencia de la Ley 32315, el Perú ha dado un paso significativo hacia la seguridad energética con la creación de la Agencia de Inventarios de Combustibles (AIC), un nuevo activo estatal que ha pasado desapercibido, según destacó César Gutiérrez Peña, expresidente de Petroperú, en una columna publicada en el Diario Expreso.
Sostiene que la AIC, establecida en el capítulo IV de la mencionada ley, tendrá la responsabilidad de construir y gestionar infraestructura para el almacenamiento de combustibles líquidos, incluyendo gasoholes, diésel y gas licuado de petróleo (GLP). Esta medida traslada al Estado una obligación que históricamente recaía en el sector privado, pero que nunca se cumplió de manera efectiva.
Señala que desde 1994, la normativa peruana exigía que los productores e importadores de combustibles mantuvieran una capacidad de almacenamiento equivalente a 15 días de sus ventas promedio. Sin embargo, este mandato no se implementó adecuadamente. A pesar de sucesivas prórrogas otorgadas desde 2015, los esfuerzos fueron infructuosos, y en 2020, una resolución de Indecopi (Res-0246-2020-SEL/Indecopi) calificó esta obligatoriedad como una barrera burocrática para la Refinería La Pampilla S.A.
La falta de infraestructura adecuada ha dejado al país vulnerable ante eventos como oleajes anómalos que impiden desembarcos, fallas en el sistema de transporte de gas natural o problemas en la Planta de Separación de Malvinas, exponiendo la fragilidad del abastecimiento energético.
Por tanto señala que la creación de la AIC busca revertir esta situación, fortaleciendo la capacidad del Estado para garantizar un suministro estable de combustibles.
El debate por la masificación del gas natural, que enfrentó durante cuatro años a distribuidores colombianos de gas por ductos y comercializadores de gas virtual, finalmente dio paso a esta reforma estructural. Los expertos consideran que la AIC podría marcar un antes y un después en la seguridad energética del Perú, siempre que su implementación sea eficiente y transparente.
