Diversos ciudadanos peruanos que residen en el extranjero denunciaron que sus nombres y datos personales fueron utilizados sin su consentimiento para inscribirlos como militantes del partido Primero La Gente, según un reportaje difundido por el dominical ‘Punto Final’.
Una de las personas afectadas es Rosario Nidia Quispe Huamán, que vive en Chile desde hace casi una década. En el informe periodístico, la mujer aseguró que no firmó ninguna ficha de afiliación y calificó como «imposible» haberlo hecho, pues se encontraba fuera del Perú.
De igual forma, Esthefany Hidalgo Antezana, residente en Francia, y Ángela Hermoza Paz, que vive en Estados Unidos desde hace tres años, también negaron haber participado en proceso alguno de afiliación.
Además, Dora Álvarez Coronel, con residencia y nacionalidad argentina, negó toda vinculación con la agrupación política en mención.
Las fichas de afiliación que contienen sus nombres fueron presentadas ante el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) como parte del proceso de inscripción del partido Primero La Gente, liderado por Miguel del Castillo y Marco Zevallos, y que tiene como candidata presidencial a Marisol Pérez Tello.
El reportaje del programa de Latina TV indica que estos documentos fueron generados con datos extraídos de la base de RENIEC, a través de una cuenta asignada a un funcionario de SUNARP, Sergio Segura, quien también brindó su testimonio.
Segura, cuya cuenta hizo más de 75 mil búsquedas de identidad, entregó a Punto Final la base de datos de dichas consultas y afirmó que su acceso fue reactivado sin su autorización 17 meses después de haber sido dado de baja en 2019.
El cruce de esta información con el Registro de Organizaciones Políticas (ROP) permitió identificar al menos 1.610 ciudadanos afiliados a Primero La Gente, además de los 4.039 casos expuestos en una entrega anterior del mismo programa, donde se denunció la existencia de una fábrica de firmas falsas.
A pesar de lo revelado, Pérez Tello dijo que no renunciará al partido mientras no se compruebe que hubo una decisión institucional detrás del uso de una presunta fábrica de firmas falsas.
