Una masiva filtración de datos personales del Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec) ha encendido las alarmas sobre posibles afiliaciones políticas no autorizadas. Según denuncias ciudadanas y expertos legales, la información expuesta podría haber sido utilizada para inscribir a miles de personas en partidos políticos sin su consentimiento.
La vulneración ocurrió a través de una cuenta institucional del Ministerio del Interior (Mininter), presuntamente utilizada por una trabajadora de esa entidad. Reniec confirmó que no se trató de un hackeo externo, sino de un uso indebido de acceso interno a su sistema.
Datos suficientes para inscribir afiliaciones sin autorización
El especialista en Derecho Administrativo Económico, Juan Ñahue, explicó que los datos filtrados —nombre completo, número de DNI, dirección y firma— son suficientes para registrar afiliaciones partidarias ante el Jurado Nacional de Elecciones (JNE). “Actualmente solo se requiere nombre, DNI y firma. Con esa información, se puede simular una afiliación política sin consentimiento real”, advirtió.
Reniec y Mininter podrían ser sancionados
La Ley de Protección de Datos Personales (Ley N.º 29733) obliga a entidades públicas a proteger la información bajo su custodia y notificar incidentes de seguridad en un plazo máximo de 48 horas. Si se confirma negligencia, tanto Reniec como Mininter podrían recibir sanciones de hasta 100 UIT (equivalente a más de S/ 500 mil) y enfrentar demandas civiles por daños y perjuicios.
Expertos piden medidas urgentes de seguridad
Ñahue recomienda implementar trazabilidad en el acceso a las bases de datos estatales, exigir autenticación biométrica para procesos de afiliación y digitalizar los mecanismos de verificación ciudadana. También sugiere campañas masivas para informar a los ciudadanos sobre cómo revisar y corregir su estado de afiliación.
Desafiliación: avance insuficiente
Aunque el JNE eliminó recientemente el cobro de S/ 46.20 por desafiliarse de un partido, Ñahue sostiene que la medida es insuficiente. “Los procesos deben ser automáticos, rápidos y accesibles. La ciudadanía necesita herramientas efectivas para proteger sus derechos políticos”, afirmó.
