El expresidente Martín Vizcarra aún no se rinde en su objetivo de participar en las elecciones generales de 2026. Esta vez, su partido Perú Primero logró que el Registro de Organizaciones Políticas (ROP) del JNE concediera una apelación para revisar su exclusión del padrón de afiliados, una decisión basada en sus inhabilitaciones previas y una sentencia del Tribunal Constitucional.
El caso ahora está en manos del tribunal presidido por el magistrado Roberto Burneo, quien deberá convocar audiencia para evaluar si corresponde mantener a Vizcarra fuera de su agrupación política.
La exclusión del exmandatario, ejecutada sin una resolución específica y como cumplimiento de mandatos previos del Congreso, ha sido calificada por él como una maniobra política para impedir su regreso al escenario electoral. Vizcarra ha anunciado que, de ser necesario, acudirá a instancias internacionales en defensa de sus derechos políticos.
En paralelo, el Tribunal Constitucional debe resolver dos demandas de amparo presentadas por el exmandatario: una contra la inhabilitación que le impuso el Congreso y otra referida al caso “Vacunagate”, donde se le sancionó por haber recibido dosis de Sinopharm de manera irregular.
Pero la situación de Vizcarra podría complicarse aún más. En los próximos días, el Pleno del Congreso votará un informe que recomienda una nueva inhabilitación por cinco años, esta vez por su decisión de disolver el Parlamento en 2019.
¿Retorno político o final del camino?
Mientras se define su situación jurídica y política, Vizcarra continúa insistiendo en que su eventual candidatura es un derecho democrático. Su futuro político, sin embargo, depende ahora de resoluciones que están en manos del JNE, del TC y del propio Congreso.
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