Las congresistas Norma Yarrow y Patricia Chirinos, de la bancada de Renovación Popular, impulsaron un proyecto de ley que permitiría trasladar a delincuentes extranjeros y nacionales condenados por delitos graves a centros penitenciarios fuera del Perú, en el marco de convenios internacionales.
La iniciativa pretende reducir el hacinamiento carcelario, mejorar la seguridad ciudadana y disminuir el gasto público destinado al sostenimiento de internos con antecedentes peligrosos.
«El Perú no debe seguir cargando con quienes solo vinieron a hacerle daño al país», dijo Chirinos, y agregó que el sistema penitenciario nacional atraviesa una crisis de sobrepoblación y falta de infraestructura.
Con base al artículo 44 de la Constitución, el proyecto contempla medidas específicas para que delincuentes sentenciados por terrorismo, narcotráfico, lavado de activos, entre otros graves ilícitos, cumplan sus penas en cárceles de terceros países con los que el Perú haya suscrito convenios penitenciarios.
El Ministerio de Justicia lideraría la implementación de esta norma, en coordinación con otras entidades como el Ministerio del Interior, Migraciones, el INPE y la Policía Nacional. Estas instituciones se encargarían de los procedimientos técnicos, legales y logísticos para ejecutar los traslados con estricto respeto a las sentencias dictadas por el Poder Judicial.
