Cansados de la ola delictiva y de la aparente inacción de las autoridades, los vecinos de un sector cercano al puente Alipio Ponce decidieron tomar la justicia por sus propias manos. Esta vez, la furia ciudadana se desató contra un grupo de presuntos extorsionadores que venían sembrando el terror en la zona.
Los delincuentes ya habían atacado una farmacia lanzando una granada. Días después, regresaron al mismo local, esta vez utilizando gas pimienta para cometer un nuevo asalto. Pero no contaban con que la comunidad estaba organizada y lista para responder.
Según testigos, los vecinos, algunos de ellos armados, tendieron una trampa a los extorsionadores durante su tercer intento. Tras ser capturados, fueron desvestidos y recibieron un brutal castigo: fuertes combazos en las manos, que les habrían destrozado los huesos dejándolos inutilizados. Incluso se reporta que uno de los sujetos perdió la vista durante la golpiza.
Luego de la intervención, los agresores fueron entregados a la Policía. Sin embargo, algunos pobladores intentaron prenderles fuego, lo que fue impedido por otros miembros de la comunidad. El mensaje quedó claro: si el crimen persiste, la próxima vez no habrá contemplaciones.
La Policía ha regresado al lugar para investigar a quienes aplicaron el castigo, pero nadie ha brindado información. Por el contrario, muchos vecinos acusaron a los agentes de proteger a los delincuentes y defendieron su derecho a resguardar su territorio.
Este sector cuenta desde hace cuatro años con cámaras de videovigilancia administradas por una comisión vecinal. El sistema fue instaurado tras el asesinato de un bodeguero exmilitar que intentó frustrar un asalto. Desde entonces, la comunidad ha decidido no quedarse de brazos cruzados.
¿Justicia popular o exceso?
El caso ha abierto el debate sobre los límites de la autodefensa y el abandono del Estado en zonas vulnerables. Mientras algunos condenan el uso de la violencia, otros la justifican como única respuesta posible ante el hartazgo ciudadano.
