El panorama judicial de Vladimir Cerrón ha dado un giro en los últimos días. A pesar de que el Tribunal Constitucional (TC) anuló su condena por el caso La Oroya y ordenó emitir una nueva sentencia, el proceso aún no ha concluido; la discusión ahora se centra en si los cargos han prescrito o si el Estado aún tiene margen para sancionarlo.
El abogado de Cerrón, Luis Mayhua, sostiene que el caso prescribió en 2021, basándose en la Ley 31751, también conocida como Ley Soto, que redujo los plazos de suspensión de la prescripción, pero la Corte Suprema considera esta norma inconstitucional y sigue aplicando el cálculo tradicional, según el cual el proceso no caducaría hasta 2029.
El Tribunal Constitucional podría jugar un papel clave en el desenlace. Actualmente, evalúa una demanda contra la Ley Soto y, de declararla válida, Cerrón se beneficiaría con la prescripción del caso. Sin embargo, si la norma es anulada, el proceso en su contra continuará vigente, manteniendo la posibilidad de una nueva condena.
