A partir del 22 de abril, los familiares de congresistas, ministros, presidentes, vicepresidentes, gobernadores regionales y alcaldes podrán acceder a contratos con el Estado, gracias a la nueva Ley de Contrataciones del Estado. Esta medida, que flexibiliza las restricciones previas, ha generado controversia, ya que permitirá que los parientes de autoridades públicas participen en licitaciones estatales, siempre que no contraten con las entidades donde trabajan sus familiares.
Según la especialista en contrataciones públicas Liz Díaz, esta reforma busca evitar que los familiares de funcionarios sean excluidos del ámbito laboral por el vínculo con su pariente en el poder. “Si soy hermana de un congresista, solo estaría impedida de contratar con el Congreso, pero no a nivel nacional”, explicó en una entrevista con LP-Pasión por el Derecho.
Sin embargo, investigaciones previas han revelado que, pese a las restricciones vigentes, varios familiares de congresistas ya han obtenido contratos con entidades estatales. Un informe de Ojo Público identificó que, entre julio de 2021 y octubre de 2024, al menos 38 familiares de 30 parlamentarios fueron beneficiados con adjudicaciones por más de un millón de soles.
El debate sobre este tipo de normativas no es nuevo. En abril de 2024, la bancada de Acción Popular impulsó un proyecto de ley para flexibilizar aún más las restricciones a la contratación de familiares de funcionarios. Entre los promotores de esta iniciativa figuraban congresistas investigados en el caso ‘Los Niños’, relacionado con presuntos actos de corrupción en el Congreso.
A pesar de las críticas y la preocupación por posibles conflictos de interés, la ley entrará en vigor el 22 de abril. Su impacto en la transparencia y la gestión pública aún está por verse.
