Distintas organizaciones nacionales e internacionales han expresado su rechazo a los Proyectos de Ley 4431/2022 y 6718/2023, aprobados en primera votación por el Congreso de la República.
Estas iniciativas, que buscan modificar el Código Penal y la normativa sobre el derecho de rectificación, han sido calificadas como una amenaza a la libertad de prensa y expresión.
La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP), el Comité para la Protección de Periodistas (CPJ), la Sociedad Nacional de Radio y Televisión (SNRTV), el Consejo de la Prensa Peruana (CPP) y la Asociación Nacional de Periodistas del Perú (ANP) han manifestado su preocupación a través de un comunicado conjunto, señalando que las modificaciones propuestas podrían utilizarse para intimidar a periodistas y comunicadores.
Uno de los aspectos más cuestionados es el endurecimiento de las sanciones por delitos de calumnia y difamación, especialmente en el contexto de investigaciones sobre funcionarios públicos; el proyecto contempla penas de hasta cinco años de prisión, multas económicas de hasta 365 días-multa y la posibilidad de que un juez imponga reparaciones civiles a favor del querellante.
Además, la propuesta introduce la violación a la intimidad como parte del delito de difamación, lo que, según las organizaciones, distorsiona la legislación vigente. T
ambién reduce el plazo para responder solicitudes de rectificación de siete a un solo día, lo que limita gravemente el derecho a la defensa. Otra disposición polémica es la obligación de publicar rectificaciones durante tres días consecutivos, una exigencia considerada desproporcionada.
Las entidades han advertido que estas medidas no cumplen con los estándares internacionales de libertad de prensa establecidos por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). Por ello, han instado al Congreso a reconsiderar estas disposiciones para evitar afectar el derecho a la información de la ciudadanía.
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