Un incendio de grandes proporciones en el centro de Lima ha dejado una estela de destrucción y pérdidas, con tres focos que aún representan un desafío para los bomberos. Más allá de la emergencia, este siniestro abre interrogantes sobre las responsabilidades legales en la prevención y atención de desastres.
En una entrevista concedida a Altavoz en Vital FM y Trivu TV, Yonatan Ovalle, de Ovalle & Mori Abogados Asociados, analizó el marco legal e institucional tras el incendio. Recordó el acuerdo nacional del 2011 que prioriza la prevención de desastres, cuestionando la aparente pasividad de diversas instituciones que, en sus palabras, «se limitan a observar desde lejos».
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Ovalle hizo hincapié en la necesidad de determinar qué entidades tienen la obligación de actuar en estos casos. Citó como ejemplo la remoción de escombros, explicando que el Sistema Nacional de Gestión de Riesgos y Desastres establece la responsabilidad del INDECI para apoyar a los bomberos, quienes actúan en cumplimiento de su deber y no como un favor.
Asimismo, el abogado destacó las garantías legales que asisten a la población en casos de desastres. Mencionó el derecho a la reubicación, la alimentación, la salud y la seguridad en general, siendo responsabilidad de las instituciones, públicas y privadas, velar por su cumplimiento.
En el contexto de Lima, enfatizó la responsabilidad de la municipalidad en la seguridad urbana, incluyendo la regulación de construcciones, accesos, señalizaciones y zonas seguras.
Sobre el ofrecimiento de departamentos por parte del alcalde, Rafael López Aliaga, a los damnificados que no desean reubicarse, Ovalle señaló que las instituciones deben establecer contratos que garanticen la seguridad y duración de la estadía temporal, no pudiendo simplemente desentenderse una vez superada la emergencia.
El experto también cuestionó la capacidad de respuesta ante desastres, considerando que un incendio de magnitud relativamente pequeña no pudo ser extinguido en una semana. Esto plantea la duda de qué sucedería en caso de un evento mayor, como el terremoto de más de 8 grados pronosticado para Lima, el cual “sería terrible”.
En cuanto a la atribución de responsabilidades legales, Ovalle apuntó a tres actores principales: la municipalidad, los propietarios de los inmuebles y los inquilinos. Señaló la responsabilidad de la municipalidad en la fiscalización de las actividades comerciales, especialmente en relación con el almacenamiento de materiales inflamables, como los juguetes de plástico que presuntamente originaron el incendio. Además, destacó que los propietarios deben cumplir con las normas de seguridad en la construcción y el mantenimiento de los edificios. Finalmente, los usuarios o inquilinos también son responsables de cumplir con las normas y reportar irregularidades que puedan poner en riesgo la seguridad.
El abogado resaltó que la responsabilidad en estos casos es compartida y ningún actor puede eximirse de sus obligaciones. Destacó que las leyes que regulan el Sistema Nacional de Gestión de Riesgos y Desastres han actualizado los roles y responsabilidades de las instituciones públicas y privadas, sin embargo, es necesario buscar y responsabilizar a quienes han descuidado la prevención y atención de la emergencia.
