La reciente denuncia constitucional presentada por la congresista Yorel Kira Alcarraz (Podemos Perú) contra la fiscal de la Nación, Delia Espinoza, no es un hecho aislado ni una simple cuestión de legalidad, más bien se inscribe en un juego político de alta tensión, donde la independencia del Ministerio Público y la lucha contra la corrupción chocan con los intereses de ciertos sectores del Congreso.
El enfrentamiento comenzó cuando la fiscal Delia Espinoza denunció constitucionalmente a once congresistas militares en retiro por el caso de la doble percepción de sueldos.
Los legisladores acusados, entre ellos figuras como José Williams y Jorge Montoya, habrían promovido una ley que les permitía cobrar simultáneamente su sueldo de congresistas y su pensión de retiro de las Fuerzas Armadas o la Policía Nacional. Esta denuncia generó un fuerte rechazo dentro del Congreso, donde el bloque castrense y sus aliados la interpretaron como un ataque directo a su grupo.
En respuesta a la acción de Espinoza, la congresista Kira Alcarraz presentó una denuncia constitucional en su contra, acusándola de abuso de autoridad y prevaricato, pero lo que en apariencia es una cuestión legal en el fondo es una maniobra política diseñada para neutralizar a la fiscal y evitar que las investigaciones sigan su curso.
No es la primera vez que se intenta debilitar a un fiscal que investiga irregularidades dentro del poder político; en el pasado el Congreso ha utilizado este mismo mecanismo para presionar a fiscales que han tocado intereses sensibles.
La estrategia es clara: en lugar de responder a las acusaciones con argumentos jurídicos sólidos, los implicados optan por atacar a la autoridad que los investiga.
La denuncia de Alcarraz no es la única en contra de Delia Espinoza; días atrás, el ministro del Interior, Juan José Santiváñez, también presentó una acusación constitucional contra ella, alegando que habría difundido información de una investigación en su contra.
La coincidencia en los tiempos y la insistencia en inhabilitarla por diez años sugieren que se busca, más que una sanción justa, apartarla del cargo para evitar futuras investigaciones incómodas.
Más allá del caso específico de la fiscal Espinoza, esta situación pone en evidencia un patrón peligroso en el que el Congreso utiliza su poder de acusación constitucional como un arma para protegerse de investigaciones que lo afectan. Si la fiscal es inhabilitada, el mensaje será claro: cualquier funcionario que se atreva a fiscalizar al poder legislativo puede terminar apartado de su cargo.
El uso de la denuncia constitucional con fines políticos no solo debilita la institucionalidad del país, sino que también socava la lucha contra la corrupción. Ahora que la confianza en las instituciones es frágil, convertir el Congreso en un escudo contra la justicia solo profundiza la crisis política y la impunidad.
Lejos de ser un simple caso de abuso de autoridad, la denuncia contra la fiscal de la Nación parece ser una estrategia de revancha política. La pregunta que queda en el aire es: ¿prevalecerá la justicia o se impondrá la lógica del poder? En el Perú, donde los intereses políticos suelen primar sobre el bien común, la respuesta aún está por verse.
