Un megaoperativo liderado por la Primera Fiscalía Supraprovincial Corporativa Especializada en Delitos de Lavado de Activos se ejecutó este lunes en siete ciudades del país, con el objetivo de incautar bienes vinculados a Joaquín Ramírez. Las diligencias se realizaron en Cajamarca, Chiclayo, Chimbote, Lima, Pisco, Tacna y Trujillo, e incluyeron propiedades de familiares y empresas ligadas al entorno del excongresista fujimorista.
El operativo, a cargo del Segundo Despacho de la Fiscalía Especializada, tenía como fin la incautación de inmuebles, vehículos y otros activos considerados clave dentro de la investigación por presunto lavado de activos y fraude empresarial. Además de Ramírez, las medidas alcanzaron a su círculo cercano y a 11 compañías con las que habría mantenido relaciones comerciales.
Entre las empresas involucradas en la investigación figuran Universidad Alas Peruanas S.A., Compañía General de Combustibles S.A.C., Constructora Inmobiliaria Habitaria y Promotora Juan Pablo II S.A. Según la Fiscalía, se indaga la posibilidad de que estas firmas hayan sido utilizadas para canalizar fondos de origen no determinado.
El Ministerio Público ha señalado que estas acciones buscan asegurar pruebas fundamentales para la investigación, que lleva más de una década en marcha. En abril de 2023, las autoridades ya habían incautado 295 bienes relacionados con Ramírez, incluyendo propiedades, vehículos, aeronaves y hasta un simulador de vuelo. Sin embargo, con el paso del tiempo, varios de estos activos le fueron devueltos, lo que generó cuestionamientos sobre la solidez del caso.
Joaquín Ramírez, quien actualmente ocupa el cargo de alcalde de Cajamarca, ha rechazado las acusaciones en su contra y considera que la investigación es innecesaria. En reiteradas ocasiones ha manifestado su descontento con el proceso, asegurando que, pese al tiempo transcurrido, las autoridades no han logrado sustentar una acusación formal.
El exlegislador ha criticado el gasto estatal en los operativos, que, según sus cálculos, habría ascendido a tres millones de soles. “Gastaron como tres millones de soles en incautar, para nada, porque después me los tuvieron que devolver”, declaró en una reciente entrevista.
Pese a sus reclamos, la Fiscalía continúa con la recopilación de pruebas y ha reiterado que el proceso sigue en curso, con nuevos elementos probatorios bajo evaluación. Mientras tanto, la situación legal de Ramírez sigue en la mira de las autoridades.
