El exjefe de la Oficina Legal y Constitucional del Congreso, Jorge Torres Saravia, se presentó ante la Comisión de Fiscalización para responder a las graves acusaciones que lo señalan como líder de una presunta red de prostitución en el Parlamento y por su supuesta relación con la muerte de Andrea Vidal, trabajadora congresal y pieza clave en la denuncia de estas irregularidades.
Durante su intervención, Torres Saravia negó enfáticamente las acusaciones de su implicación en actividades ilícitas dentro del Congreso. “Rechazo totalmente estas afirmaciones. No existe evidencia que sustente estas graves imputaciones”, aseguró. Asimismo, defendió la legalidad de las contrataciones realizadas bajo su gestión y destacó las capacidades profesionales de Andrea Vidal y Alexandra Gil, trabajadoras asignadas a su oficina.
En el caso de Vidal, quien falleció tras un ataque en circunstancias aún bajo investigación, Torres detalló sus funciones administrativas y aseguró que cumplía con los requisitos del puesto. Además, confirmó haberla recomendado para su nombramiento debido a su experiencia en gestión pública y su formación académica avanzada.
Respecto a los hechos ocurridos la noche en que Vidal fue atacada a balazos en un taxi, Torres afirmó que había cumplido con su jornada laboral y se encontraba en casa con su familia. Sin embargo, admitió que no puede precisar con exactitud su ubicación en el momento exacto del ataque.
Torres también se refirió a los chats publicados por el semanario Hildebrandt en sus trece, donde supuestamente se coordinan irregularidades relacionadas con Vidal y Gil. Aunque no negó la autenticidad de los mensajes, pidió que sea el Ministerio Público quien determine su veracidad; asi mismo, rechazó las acusaciones de haber organizado reuniones para altos funcionarios del Congreso en lugares privados, como se menciona en los reportes periodísticos.
La sesión también puso en debate su nombramiento como jefe de la Oficina Legal y Constitucional. Según Torres, su designación fue realizada por el Oficial Mayor Giovanni Forno Flórez, un funcionario vinculado a la gestión del congresista Alejandro Soto. Esta relación generó críticas de algunos parlamentarios que señalaron posibles vínculos políticos con Alianza Para el Progreso, partido liderado por Luis Valdez.
El asesinato de Andrea Vidal ha levantado sospechas de que su muerte podría estar vinculada a un intento de silenciar las denuncias sobre una red de trata de personas dentro del Parlamento. En ese sentido, el presidente de la Comisión de Fiscalización, Juan Burgos, consideró que las muertes de Vidal y del también fallecido Nilo Burga podrían estar relacionadas con estas investigaciones.
El caso sigue generando controversia y la atención pública se centra en las investigaciones de la Fiscalía, que deberán determinar la verdad detrás de las graves acusaciones contra Torres Saravia y los hechos que rodean la muerte de Andrea Vidal.
