La Asociación Automotriz del Perú (AAP) se mostró en desacuerdo con lo aprobado por el Congreso el pasado 12 de diciembre, fecha donde de manera sorpresiva y sin consultar a los sectores clave, aprobó una propuesta legislativa que modifica el marco legal de los notarios públicos e incluye una disposición complementaria que, sin sustento, coherencia y justificación, deroga el Decreto Legislativo N° 1400.
Según la entidad, esta decisión es un golpe directo a la dinamización del mercado financiero en el país y, en consecuencia, afecta a las micro y pequeñas empresas (Mypes) y a las familias peruanas.
Explican que el Decreto Legislativo N° 1400 establece la creación del Sistema Informativo de Garantías Mobiliarias (SIGM), una plataforma digital pública que permite la inscripción y publicidad de las garantías mobiliarias de forma rápida, económica y accesible. A través de este sistema, se reducen drásticamente los costos asociados a los trámites, con una tarifa única. Esto contrasta con el sistema actual, que encarece el acceso al crédito formal al depender de costos variables según el monto de la garantía y los servicios notariales.
Por ello la Asociación afirma que la derogación del SIGM no solo es un retroceso, sino un atentado contra la inclusión financiera.
Argumentan que al eliminar esta herramienta, se limita el acceso al crédito para sectores clave, como el financiamiento vehicular, donde el Perú ya presenta una de las tasas más bajas de la región. Este tipo de medidas, lejos de favorecer al país, lo deja estancado, perjudicando a quienes más necesitan acceso a financiamiento asequible.
Por lo tanto, desde la Asociación Automotriz del Perú, exige al Legislativo eliminar la disposición que deroga el nuevo régimen de garantías mobiliarias, permitiendo su puesta en marcha y evitando un grave retroceso económico.
Asimismo, exhortó al Ejecutivo para que publique las normas pendientes para la entrada en vigencia del Decreto Legislativo N° 1400, incluyendo de manera urgente la Directiva de SUNARP y el Decreto Supremo que aprueba las tasas para el acceso al SIGM.
Estas medidas, señalan, son esenciales para modernizar el sistema de financiamiento en el Perú, facilitar el acceso a créditos más asequibles y promover el desarrollo económico a través de un parque vehicular más moderno, seguro, eficiente y sostenible.
Asimismo demandaron al Congreso y al Poder Ejecutivo que prioricen el bienestar de los ciudadanos y aseguren un marco normativo que promueva, de una vez por todas, el crecimiento económico
inclusivo. No podemos tolerar que intereses particulares prevalezcan sobre el interés general del país, señalaron.
